Pronunciamientos

Están en algún sitio / concertados
desconcertados / sordos
buscándose / buscándonos
bloqueados por los signos y las dudas
contemplando las verjas de las plazas
los timbres de las puertas / las viejas azoteas
ordenando sus sueños sus olvidos
quizá convalecientes de su muerte privada

nadie les ha explicado con certeza
si ya se fueron o si no
si son pancartas o temblores
sobrevivientes o responsos

ven pasar árboles y pájaros
e ignoran a qué sombra pertenecen

cuando empezaron a desaparecer
hace tres cinco siete ceremonias
a desaparecer como sin sangre
como sin rostro y sin motivo
vieron por la ventana de su ausencia
lo que quedaba atrás / ese andamiaje
de abrazos cielo y humo

cuando empezaron a desaparecer
como el oasis en los espejismos
a desaparecer sin últimas palabras
tenían en sus manos los trocitos
de cosas que querían

están en algún sitio / nube o tumba
están en algún sitio / estoy seguro
allá en el sur del alma
es posible que hayan extraviado la brújula
y hoy vaguen preguntando preguntando
dónde carajo queda el buen amor
porque vienen del odio.

A más de dos años de que existimos como Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hoy salimos nuevamente a la calle para decir nuestra palabra; para seguir evidenciando y denunciando el desprecio de todos los gobiernos en México a nuestros muertos y desaparecidos. Para recordar a nuestros ausentes, para seguir construyendo memoria y también para nombrar con el silencio esos dolores que muchos quieren ocultar, les pedimos un minuto de silencio.

Han pasado siete meses desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México. Durante ese tiempo hemos sido testigos de “escenografías” de gran impacto mediático: detenciones, pactos, despidos y programas sociales que no reflejan en nada lo que ocurre en el México real; ése que sigue siendo asesinado, desaparecido y desplazado día con día, el mismo que ha sido sumergido en la barbarie y las violencias de políticos y criminales.

Desde nuestro primer encuentro, cuando Enrique Peña Nieto fue emplazado como candidato en los Diálogos por la paz, supimos que la estrategia militarista difícilmente cambiaría, y aunque dentro de los primeros actos de gobierno del actual presidente la -aún incompleta- Ley General de Víctimas fue publicada, esto obedeció más a la presión de la sociedad civil y las víctimas para conquistar sus derechos.

En este sentido, la guerra que inició Felipe Calderón en 2006, como pudo ser previsto, continúa y se agrava con Enrique Peña Nieto. Las y los desaparecidos no aparecen y, peor aún, los fenómenos de desaparición y desaparición forzada se han convertido en hechos sistemáticos y recurrentes.

La verdad y la justicia también siguen desaparecidas para los más de 90 mil asesinados durante el sexenio pasado, a los que se suman los más de ocho mil homicidios que llevamos en el primer semestre de gobierno de Peña Nieto. Aunado a ello, la CNDH tiene documentados 24 mil 800 casos de personas desaparecidas en los distintos estados del país y en 2 mil 443 casos hay indicios de la participación de servidores públicos.

Asimismo, no olvidamos a las víctimas de la guerra sucia, a los y las desaparecidas y asesinadas de 1968 y 1971, a las víctimas de Acteal en Chiapas o a las de Aguas Blancas en Guerrero; no olvidamos pues ese largo historial de injusticia que trae consigo el Partido Revolucionario Institucional. Sabemos que la injusticia e impunidad gestada en aquellos años es el caldo de cultivo de lo que sucede hoy en nuestro país.

Pero ni la guerra, ni la injusticia tienen partido oficial, obedecen más bien a la “ideología del dinero”, ideología en la que se comercia y se hace negocio con el dolor, con la vida y con el hambre.

Peor aún, el dolor y la esperanza de las víctimas han sido reducidos por el Gobierno Federal a un “espectáculo mediático”, a una estrategia de autolegitimación con la que generan falsas expectativas, revictimizan y se vuelven nuevamente cómplices del salvajismo. Así sucedió recientemente con la creación de la Unidad Especial de Búsqueda de Desaparecidos, los insuficientes 12 Ministerios Públicos especializados para atender a los más de 30 mil casos de desaparición, el nulo presupuesto asignado a los procesos de búsqueda e investigación, la simulación de instancias de supervisión de la sociedad civil contratando a familiares de víctimas en la PGR a modo de coptación, los 30 casos de desaparición forzada documentados por la CNDH donde los servidores públicos responsables están plenamente identificados y que, a pesar de ello, el Gobierno Federal no ha procedido de ninguna forma para destituir de su cargo y procesar a los funcionarios, alentando el insostenible contexto de impunidad que vive nuestro país.

En México vivir y tener garantizados los derechos humanos más elementales se ha  vuelto un “privilegio” y ser secuestrado, extorsionado, asaltado, reprimido, acallado, torturado, desaparecido o asesinado se ha hecho “normal”. Este es el caso de Nepomuceno Moreno, Pedro Leyva, Trinidad de la Cruz, Eva Alarcón, Marcial Bautista, Ismael Solorio y Manuelita Solís, quienes junto a nosotros se sumaron a exigir justicia y alto a la guerra y hoy están muertos o desaparecidos. De esa terrible normalidad son responsables políticos y criminales, quienes fusionados en uno solo, ponen precio a la vida y a la libertad.

Ensordecidos y enceguecidos por el poder y el dinero, la clase política mexicana no ha escuchado la exigencia de alto a la guerra y de cambio a la estrategia de seguridad que miles de personas hemos venido exigiendo años atrás. Todo lo contrario, en lo que va del sexenio no sólo no se vislumbra un fin cercano a la guerra, sino que se ha reforzado e institucionalizado. Así lo deja ver el aumento de 5 mil 194 millones de pesos presupuestados para la SEDENA con la finalidad de “continuar el combate frontal al crimen organizado”, la creación y formalización de la gendarmería nacional como policía militarizada y la ocupación de cargos de seguridad pública por parte de militares y ex-militares.

Esta “normalización” e institucionalización de la guerra viene acompañada de una especie de “ocultamiento mediático” en el que periodistas y clase política deciden guardar silencio respecto a la guerra y a las víctimas. Como si fuera un problema de percepción o de opinión pública, mediáticamente se construye una imagen muy distinta a lo que continua sucediendo en nuestro país.

Al mismo tiempo que la guerra pretende normalizarse y que hay un ocultamiento mediático de las violencias de las que el Estado es directamente responsable, se construye una idea de paz, una paz que no es real, que es simulada y que encuentra su principal escenificación en el Pacto por México.

El 8 de mayo de 2011, luego de cuatro días de caminata llegamos al Zócalo de la Ciudad de México para proponer un Pacto Nacional por la Paz que no sólo daba forma y visibilidad a las grandes problemáticas que sitúan a nuestro país en una emergencia nacional; sino que buscaba plantear la agenda mínima para dar inicio a un proceso de reconstrucción nacional por todos los sectores del país, donde las víctimas, los pueblos originarios, la sociedad civil en general, el gobierno y las fuerzas políticas se rearticularan en un consenso para resarcir el tejido social y buscar hacer frente a la emergencia.

Hoy la clase política y empresarial han realizado un Pacto por México sin México que no reconoce los grandes problemas nacionales, un pacto en el que la paz y la justicia a las víctimas no es materia de primer importancia, un pacto que busca simular la paz, el acuerdo y el consenso, al mismo tiempo que genera guerra y desgarra el tejido social, además de que sirve nuevamente como un instrumento clientelar y corporativo que agrava las desigualdades sociales.

Y mientras la clase política pretende institucionalizar y ocultar la guerra, los pueblos y la sociedad civil, de distintos rincones del país, se organizan para hacer frente a la violencia sistémica, a la violencia del crimen organizado y a las agresiones por parte de militares y paramilitares. Así sucede por ejemplo en Guerrero y Michoacán, estados en que los pueblos se han organizado ante la ausencia de seguridad y justicia, pero también ante la amenaza de las empresas mineras y de la industria extractivista que busca arrebatarles su territorio. También encontramos aquí a otras organizaciones de víctimas, de periodistas, de migrantes y de ciudadanos en general que se han articulado para defender sus derechos, denunciar y exigir justicia; todas, organizaciones hermanas con las que queremos abrir procesos de diálogo y reconocimiento para poner, nuevamente, la situación nacional en la dimensión histórica que acontece y con ello dar un paso en la construcción de un México justo y digno.

Como Movimiento mantendremos siempre nuestra disposición a dialogar con los distintos niveles de gobierno. A ellos seguiremos emplazando para que cumplan con su deber de justicia. Pero hoy, más que nunca, es indispensable abrir diversos procesos de diálogo y organización con la sociedad civil. La lucha por la paz atraviesa todos los ámbitos del país y cruza nuestras fronteras, cuestionando no sólo los enfoques de seguridad y problemas de justicia, sino también la situación de los migrantes, la violencia estructural, las políticas de drogas, los medios de comunicación y los modelos de democracia. A esa diversidad es a la que queremos apelar. Sabemos que el cambio de estrategia de seguridad y el cese de la crisis humanitaria que enfrenamos sólo es posible con los esfuerzos de las víctimas acompañadas de la sociedad civil en general.

De cara a la situación que enfrenta nuestro país y en la afirmación del llamado constante por una paz justa y digna, coincidimos en la necesidad de hilvanar los esfuerzos de familiares de víctimas de todo el país y organizaciones que los acompañan, abriendo espacios de encuentro que permitan presionar un agenda común por la multiplicidad de los casos, por encontrar a los desaparecidos, por saber la verdad de lo que sucede en México y por el fin de la guerra. En este sentido celebramos los resultados del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e involuntarias en México, llevado a cabo en Coahuila por FUNDEC-FUNDEM y muchas otras organizaciones a las que seguiremos acompañando. Estaremos pendientes del cumplimiento de los acuerdos a los que allá se llegaron con diferentes instancias gubernamentales. Alentaremos procesos afines que miren hacia la articulación de los familiares, las organizaciones y movimientos que formamos parte del amplio sujeto colectivo víctimas a nivel nacional.

Por eso hoy llamamos a la sociedad civil en general, nuevamente, a no dejar de luchar por parar guerra, a unirnos desde abajo, a reconocernos como comunidad en cada una de las víctimas, a hacer de los asesinados y los desaparecidos, nuestros muertos y nuestros desaparecidos.

Por nuestra parte, seguiremos apelando a la justicia, la verdad y la memoria como herramientas de lucha por una Paz, Justa y Digna. Continuaremos presionando no sólo por nuestros casos sino por todos los casos del país; sostendremos el testimonio como la enunciación que desnuda la verdad y permaneceremos como desde el 28 de noviembre pasado, dándole nombre a la ignominia, convocando a la reapropiación del espacio público para hacer no sólo de la estela de luz sino de todas las plazas públicas del país un espacio de memoria viva para la justicia.

ATENTAMENTE
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

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